Vanguardia
MÉXICO, D.F.- La ola de delincuencia organizada que el país vive en la actualidad ya pegó en iglesias del norte de México, y uno de los más afectados son los pastores y sacerdotes quienes en un afán por salvar sus vidas dejan de evangelizar y se desplazan como lo han hecho ya cientos de mexicanos que sufren los estragos de la violencia.
En Ciudad Juárez más de 100 ministros de la iglesia evangélica huyeron este año para no ser asesinados tras rechazar el pago de cuotas, y un sacerdote católico tuvo que emprender la retirada después de que su templo fue incendiado por el crimen organizado.
En Michoacán, las fiestas populares para festejar a los santos patronos fueron interrumpidas porque narcotraficantes locales exigen dinero para autorizarlas, mientras que en Tamaulipas las misas de noche se han suprimido ante posibles ataques contra fieles y curas. La vida de los religiosos está igualmente amenazada en varias zonas de Jalisco, Nayarit, Durango, Coahuila, Nuevo León, Morelos, Chiapas y Estado de México, de acuerdo con testimonios brindados por algunos de sus representantes. Ninguno de ellos, sin embargo, ha solicitado formalmente intervenciones policiacas. Van, en este sendero nuevo hacia el infierno, con la buena de Dios.
“La mayoría de los obispos han sido muy claros en esto: no se trata de pedir protección para los sacerdotes, sino buscar la seguridad para el pueblo en general”, dice Víctor René Rodríguez Gómez, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). Los embates de grupos criminales contra sacerdotes y ministros ocurren a mitad de la campaña anticrimen orquestada por el presidente Felipe Calderón. Son, dice Arturo Farela, presidente de la Cofraternidad Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas (Cofraternice), el nuevo peldaño escalado por la delincuencia.
“Creo que el Presidente de la República no está informado de lo que está sucediendo realmente. Nos congratulamos con estas reuniones que él está convocando con distintos organismos de la sociedad, pero creo que esto debió hacerlo antes de empezar esta guerra”, sostiene. Con 25 millones de fieles y 50 mil ministros de culto, la iglesia evangélica sufre la peor parte de los ataques. De acuerdo con Farela, muchos pastores han decidido pagar cuota después de que algunos de ellos, o sus hijos, fueron asesinados tras negarse al soborno.
En Chihuahua y Ciudad Juárez, donde manejan centros de rehabilitación, grupos armados han irrumpido también para consumar masacres. “La situación es muy preocupante, pero la gran mayoría de los pastores evangélicos hemos decidido no huir”.
A Dios rezando...
El vicario de la Diócesis de Nuevo Laredo, Alberto Monjarás, describe un escenario terrible, en el que la autoridad está diluida y el crimen enardecido: “vivimos en la incertidumbre, con temor, sin ningún apoyo, sin ningún ambiente de gobierno que garantice la paz de todos los ciudadanos. Estamos en manos de sicarios”, dice. Algunos sacerdotes de la zona han cancelado misas después de las seis de la tarde, tras recibir amenazas de masacres en los templos. En medio de ello, hay quienes aprovechan para tratar de sacarles dinero, vendiéndoles protección.
“Al armar ambientes de pánico, la ciudad luce vacía. No hay transporte, se cierran los caminos y nadie sabe decir lo que pasa. Las misas en algunas iglesias se han suspendido porque ‘nadie debe andar fuera’, dicen las amenazas que llegan por internet. Pero la respuesta de la autoridad es que todo está bien”, cuenta.
Lo más grave, ocurre en la diócesis vecina de Matamoros. “Allá —dice Monjarás—, la extorsión a los párrocos ha sido mucho más directa, y por instrucciones del obispo se han suspendido también las misas de noche. En Miguel Alemán y La Ribereña, la situación es tan difícil que se han dejado de celebrar misas debido a las amenazas de los grupos del crimen organizado”.
La frontera de Tamaulipas es apenas una de muchas regiones en las que la Iglesia católica resiente embates de presuntos narcotraficantes en posesión territorial.
Los sacerdotes deben lidiar de manera cotidiana con amenazas e intentos de extorsión en localidades de Michoacán, Morelos, Jalisco, Coahuila, Chihuahua, Estado de México y Chiapas, dice Víctor René Rodríguez, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. “Hablamos no solamente de cierta amenaza sino de presión para exigir, en ocasiones, alguna extorsión con tal de dejarlos en paz a cambio de alguna cantidad de dinero, o amenazando su seguridad”.
Casos extremos se han presentado en Michoacán, donde las fiestas patronales en pueblos están suspendidas. “El día de la celebración llegan representantes de estos grupos y reclaman: ‘o danto tanto o no se puede hacer esta fiesta porque nosotros no la hemos autorizado’. Así, con una amenaza y un cumplimiento efectivo, es que los obispos han optado por reducir las celebraciones de fiestas patronales al ámbito estrictamente religioso”, dice.
Fuente: www.vanguardia.com.mx
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