CHIAPAS.-El Instituto Nacional de Migración debería ser un organismo encargado de proteger los derechos humanos de las personas migrantes en México. “En lugar de eso tenemos una institución descompuesta, con perfil policiaco, infiltrada por el crimen organizado, opaca y burocrática que favorece la ilegalidad y corrupción”, señaló el Organismo No gubernamental Sin Fronteras.
A través de su encargado de comunicación, Paulo Martínez Sumuano, la información presentada ante los medios de comunicación por el comisionado Salvador Beltrán del Rio, pretende distraer a la opinión pública con cambios de forma y no de fondo y evade el incumplimiento del Estado Mexicano a los instrumentos de derechos humanos al tolerar la comisión de delitos contra las personas migrantes y al no garantizar la protección y la defensa de los derechos humanos de esta población en territorio mexicano.
Agregó que el problema relacionado con las instituciones administrativas y de procuración de justicia, tanto local como federal, que tienen que ver con el fenómeno de la migración, no se va a resolver con rotación de mandos o cese de agentes.
“Mientras persista el paradigma que criminaliza la migración irregular, esta seguirá siendo un negocio redituable y generador de incentivos para cometer violaciones a derechos humanos”, explicó.
“El cambio debe ser estructural, se debe ver desde otra óptica a la migración, una óptica de seguridad humana y no de seguridad nacional, ni seguridad pública, como se contempla en la actual Ley de migración que se aprobó en la Cámara de Diputados”, dijo.
“La dinámica migratoria actual exige crear políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, armonizadas con los estándares internacionales y una mayor asignación de partidas presupuestales para atender el fenómeno de la migración de manera multidimensional”, estableció.
“La dinámica migratoria actual exige crear políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, armonizadas con los estándares internacionales y una mayor asignación de partidas presupuestales para atender el fenómeno de la migración de manera multidimensional”, estableció.
Propuso que se debe reformar al Instituto Nacional de Migración, hacerlo transparente y crear mejores mecanismos de trabajo con la sociedad civil organizada y los organismos de derechos humanos para una adecuada atención a esta población, debe existir una verdadera apertura para establecer un diálogo constructivo y de interlocución para articular iniciativas conjuntas a favor de las y los migrantes.
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